Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora | 18 de junio de 2026
El Centro Asistencial de Desarrollo Infantil “Zulma V. de Llano”, CADI, de la ciudad de Guaymas, Sonora, donde el pasado 14 de mayo una niña sufrió una caída que le provocó la muerte nueve días después, mientras era atendida en un hospital, continúa operando normalmente.
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| Foto: Movimiento 5 de junio |
Como si no hubiera ocurrido nada, autoridades en Sonora, incumplen la Ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado de Sonora, “Ley 5 de junio”, pionera en protección integral en estancias infantiles, al no cerrar el CADI, a pesar de que ahí ocurrió un hecho grave que llevó a la pérdida de la vida de una pequeña de un año y cuatro meses de edad.
Así lo consideró Patricia Duarte Franco, integrante del Consejo Estatal de la Ley 5 de junio, instancia normativa, de consulta y coordinación, como lo define en el artículo 17 la propia ley. A través del Consejo se da seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia.
El Consejo Estatal se integra por los titulares de I.- La Secretaría de Salud, quien lo presidirá; II.- La Secretaría de Gobierno; III.- La Secretaría de Desarrollo Social; IV.- La Secretaría de Educación y Cultura; V.- La Secretaría del Trabajo; VI.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; VII.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; VIII.-La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora; IX.- La Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia; X.- La Unidad Estatal de Protección Civil; XI.- Comisión Estatal de los Derechos Humanos; XII.- Un representante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio; y XIII.- Un representante de las Comisiones de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora.
En su calidad de representante del Movimiento 5 de junio, A. C. ante el Consejo Estatal, Duarte Franco estimó que desde el primer momento del incidente que derivó en la muerte de la pequeña Leyna Victoria, las autoridades facultadas por la legislación debieron cerrar y resguardar el sitio, ya que al haber ocurrido un acontecimiento tan grave, se convertía en una escena de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
El artículo 74 en su fracción séptima es claro en definir éste como uno de los supuestos por los que una estancia infantil debe ser cerrada temporal o definitivamente, según sea el caso.
“ARTÍCULO 74.- La suspensión temporal del Centro de Desarrollo Integral Infantil será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
VII.- En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Centro de Desarrollo Integral Infantil o personal relacionado con el mismo”.
Sin embargo, el CADI de Guaymas, Sonora no sólo continúa operando con normalidad, sino que ha sido modificado físicamente lo que altera el lugar y obstaculiza las investigaciones correspondientes para esclarecer responsabilidades en la pérdida de la vida de la niña, denunció, circunstancias sobre lo que la Consejera cuenta con evidencia fotográfica y videográfica.
Patricia Duarte Franco asegura que el cierre debería ser automático para dar cumplimiento a la Ley 5 de junio, no obstante, como Movimiento 5 de junio tuvieron que enviar un oficio a la Secretaría de Salud de Sonora quien preside el Consejo Estatal, y además hacerlo público en el marco del aniversario 17 de la tragedia de la Guardería ABC, donde expresaban la urgencia de una reunión extraordinaria, la cual se realizó tres días después del llamado de los integrantes ciudadanos del Consejo.
Duarte Franco denunció que tanto la Coordinación de Protección Civil, como la Secretaría de Salud se negaron a cumplir la legislación arguyendo que “la niña no murió en el CADI, sino en un hospital días después del incidente”, lo cual les llena de indignación, pues es restarle importancia a la pérdida de una vida, y la gravedad de que su muerte esté directamente causada por hechos que ocurrieron mientras la pequeña permanecía al cuidado de una estancia infantil a cargo del propio gobierno.
De igual forma Patricia comentó que, ante sus preguntas a las instituciones, en la reunión del Consejo Estatal de cuántas personas cuidadoras estaban presentes cuando ocurrió el incidente donde resultó gravemente afectada la niña que perdió la vida, cuántas estaban en la salita donde la niña se encontraba, no supieron responder.
Criticó la posición de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como a la Secretaría de Salud, quien a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, COESPRISSON, son facultadas para cerrar temporalmente en caso de hechos graves como los del CADI en Guaymas, pero que evadieron su responsabilidad, pues se deslindan de la competencia o facultad para dicho cierre, ya que en términos de salud “el CADI cumple con toda la normatividad”, mientras que protección civil responde que “cumplen con la carpeta del programa interno de protección civil”.
Cabe recordar que la Guardería ABC estancia infantil siniestrada en esta ciudad el 5 de junio de 2009 donde fallecieron 49 niñas y niños menores de cuatro años de edad, también demostró que contaba con los documentos de autorización y “cumplimiento” de las normas, sin que esto fuera verídico tal como se demostró después de la investigación.
“Al parecer no les quedó claro el artículo 74 en su fracción Séptima donde dice que, si una niña o niño sufre una lesión grave u ocurre un deceso de un infante, la estancia infantil debe cerrarse en lo que la Fiscalía deslinda responsabilidad ya sea en la cuestión administrativa o penal, lo cual no ha sucedido ni por un solo día. El Consejo Estatal está para velar por el cumplimiento de la Ley y no lo está haciendo”, lamentó.
